Soledad Muruaga, presidenta y cofundadora de Mujeres para la Salud

 

Sabemos que la violencia de género es la que se ejerce contra las mujeres sólo por el hecho de serlo. Sabemos que es universal y afecta a todas las clases sociales, a todos los países, a todas las edades, a todas las razas y a todas las culturas existentes.

En nuestro país, debido a la presión de la población sensibilizada con esta problemática, así como a las políticas europeas, se están llevando a cabo sucesivos planes contra la violencia doméstica, que las asociaciones de mujeres criticamos como insuficientes y superficiales, con muchas dosis de marketing e hipocresía partidista.

Cada año comprobamos el aumento de agresiones y asesinatos de mujeres llevadas a cabo por sus compañeros, con la consiguiente ineficacia e ineptitud judicial que las caracteriza, así como el aumento de la impotencia y la rabia colectiva que estos hechos conllevan.

Sabemos que para erradicar esta lacra social necesitamos nuevas medidas y entre las propuestas actuales nos parecen razonables y esperanzadoras las que ofrece el PSOE en su propuesta de una Ley Orgánica Integral contra la violencia de género, básica para garantizar unos mínimos en todo el Estado y absolutamente necesaria para evitar la radicalización de la violencia de  género.

Esta ley tiene una perspectiva global que incide en muchas competencias y que de aceptarse, obligaría a reformar desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, hasta el Estatuto de los Trabajadores o la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la propuesta, se hace especial énfasis en la prevención, especialmente a través de la educación en todas las etapas formativas, incidiendo en la coeducación y el respeto a la igualdad que actualmente no están siendo respetados en la actual ley de Derecho a la Educación.

La prevención abarca también una ruptura con los actuales roles y estereotipos sexuales que utiliza la publicidad, prohibiendo la que relaciona el cuerpo de la mujer con un producto y los que muestran modelos de mujer asociados a comportamientos estereotipados en el ámbito doméstico. La principal aportación de esta propuesta de ley sería la creación de Juzgados de Igualdad y Asuntos Familiares que instruirían los procesos para exigir responsabilidad penal en todos los casos de violencia, acabando con las actuales incongruencias que se dan entre jueces y juezas. También se propone la creación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que tendría rango de Secretaría de Estado, además se propone crear el Consejo Consultivo en el
que estaríamos incluidas las asociaciones de mujeres junto a organismos regionales y municipales, asociaciones vecinales y sindicatos.

Lo más importante de la propuesta de la Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género es que desarrolla medidas de apoyo a las víctimas y cambios en el sistema jurídico que garantizan la protección y el futuro de las mujeres víctimas de la violencia. Así, los servicios de atención psico-social y asesoramiento legal tendrían la potestad de solicitar al juez la aplicación de medidas urgentes. También se contempla la posibilidad de que la denuncia sea interpuesta por asistentes sociales o por responsables de las organizaciones que atienden a las víctimas. Se establecen una serie de medidas que garantizan la recuperación integral y que posibilitan la autonomía de las mujeres para comenzar una nueva vida por sí mismas. Así, las ayudas económicas ascenderían como mínimo a 6 meses de subsidio por desempleo. Además, se recoge el derecho a cobrar la prestación por desempleo a quienes tengan que dejar su puesto de trabajo. Y se  contempla la movilidad geográfica o la reserva del puesto. Se garantiza la protección de la víctima exigiendo el cumplimiento real de las medidas de alejamiento, y también de las/os hijas/os, ya que se introducen medidas para desposeer de la patria potestad a los agresores condenados a 10 o más años de prisión y se exige la suspensión del régimen de visitas en casos de violencia.

En esta misma dirección, hemos leído últimamente las de varios/as magistrados/as que, preocupados por la escalada de la violencia en general y la de género en especial, abogan por una solución multidimensional, con una consideración global, y proponen juicios rápidos y crear un organismo específico, un instituto o una fundación contra la violencia, solicitando la implicación de todos: instituciones y sociedad civil, legisladores/ as, policías, jueces/zas, prisiones e incluso colectivos de voluntariado.

Acorde con estas inquietudes, nuestra Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid, nos hemos comprometido junto con otras asociaciones de mujeres, en la defensa y difusión de la Ley Integral contra la Violencia de Género.

Asimismo, hemos solicitado formar parte y contribuir con nuestro trabajo y experiencia feminista en la recién creada Red de Colectivos Feministas Contra la Violencia de Género.

 

Soledad Muruaga, presidenta y cofundadora de Mujeres para la Salud