Lourdes Hernández, presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid

En primer lugar, quiero felicitar a Mujeres para la Salud por sus 25 años de dedicación a las mujeres, por escucharlas y buscar las salidas necesarias a la problemática general e individual de las miles de mujeres que durante estos años han atendido. Y a la vez por su participación en cuantas acciones se han desarrollado en nuestro país y fuera de él en defensa de la igualdad y derechos de las mujeres.

“El derecho de las mujeres a poder elegir una maternidad deseada y saludable”, un derecho que afecta a nuestras vidas y a nuestra dignidad. Un derecho que ha sido y sigue siendo una lucha, que está continuamente amenazado, que hace que las mujeres tengamos que estar dando explicaciones y siendo tuteladas por nuestras decisiones.

Ya la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1999, por fin reconoce el derecho de las mujeres al nivel más elevado de salud física y mental. En la Plataforma de Acción, aprobada por la Conferencia, se destacó la necesidad de garantizar a las mujeres y las niñas el acceso universal a la atención y a los servicios de salud apropiados, asequibles y de calidad, proponiéndose que se adoptaran nuevas medidas para mejorar la calidad de la salud de la mujer, incluida la incorporación de una perspectiva de género en todos los programas y las políticas del sector de la salud.

Pero la buena salud y el bienestar social para la mayoría de las mujeres del mundo siguen siendo difíciles de alcanzar. A lo largo de todo el ciclo vital, las mujeres de muchos países del mundo no tienen un acceso equitativo a los servicios básicos de salud. En la adolescencia y a lo largo de sus años de fecundidad, la mujer carece de asesoramiento adecuado y de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. El resultado es un aumento del riesgo de embarazos no deseados y a edad prematura, así como de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y de abortar en condiciones peligrosas.

Entre los principales obstáculos que todavía se arrastran están los tabúes culturales, la religión y la falta de conocimientos de la mujer acerca de su cuerpo, así como la falta de autonomía para determinar si desea ser madre, cómo y cuándo, especialmente entre las mujeres de las zonas rurales y las adolescentes.

Sigue siendo imprescindible la información y prevención en salud sexual y reproductiva, desde los colegios, instituciones, y sobre las relaciones en igualdad, donde no sea responsabilidad solo de las jóvenes el poner los medios necesarios para evitar los embarazos, el conocimiento de los medios anticonceptivos desde edades tempranas… pero esto hoy día, y especialmente en lugares como Madrid, es muy poco probable de conseguir con los recortes que se están realizando en nombre de la crisis y que en realidad son imposiciones ideológicas para acabar con derechos de las mujeres.

Mirando años atrás eran los viajes a Londres, Holanda… o las arriesgadas prácticas clandestinas en nuestro país, las únicas salidas que las mujeres españolas tenían para abortar. Porque la lucha para la conquista de un derecho ha sido larga y ardua, con presiones, detenciones, injurias o invisibilización.

En octubre de 1976, 10 mujeres y 1 hombre son detenidas en Basauri, 2 de ellas acusadas de practicar abortos y el resto por someterse a prácticas abortivas. Arranca para el movimiento feminista, largos años de lucha por la despenalización de los anticonceptivos, por una sexualidad libre y por el derecho al aborto.

En 1978 por fin se logró la despenalización de los anticonceptivos y junio y Londres fueron testigos de la primera reunión para preparar la campaña a nivel internacional por el derecho al aborto.

Desde algunos grupos de profesionales pro-derecho al aborto, como en Valencia, comienza la práctica clandestina de interrupciones voluntarias del embarazo. La puesta en marcha en 1980 del centro de información sexual Los Naranjos en Sevilla y la posterior detención de 29 personas, veinte de ellas acusadas de haber realizado prácticas abortivas y la incautación de 432 expedientes de personas que solicitaron información, provoca amplias movilizaciones de apoyo. El proceso contra 8 personas miembros del colectivo de Los Naranjos durará nueve años.

El movimiento por el derecho al aborto sigue plantando cara y las feministas no bajábamos la guardia reclamando derechos y justicia. En diciembre, se celebraron en la Universidad Complutense unas Jornadas estatales bajo el lema “Derecho al aborto. Nosotras decidimos”, organizadas por la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas.

Y fue en 1982 cuando se inició el juicio de las 11 mujeres de Bilbao lo que provocó grandes movilizaciones y manifestaciones por el derecho al aborto. Y cuando la Coordinadora feminista estatal presentó una propuesta de ley de aborto.

Tras la Marcha de mujeres a La Moncloa impulsada por la Comisión Pro-Derecho al Aborto del movimiento feminista de Madrid, el Parlamento inicia por fin el debate sobre la despenalización de algunas prácticas abortivas. La policía disuelve con violencia a un grupo de mujeres de la Comisión Pro-Derecho al Aborto de Madrid, concentrado ante las Cortes. Fue un año de luces y sombras porque a pesar de que en octubre se debatió en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley del Gobierno socialista y que se obtuvo el indulto para las mujeres de Bilbao, una mujer y un hombre son condenados por un delito de aborto. Lo insólito es que la mujer había abortado en Londres. Son años en que continúan las condenas y, en consecuencia, las movilizaciones.

El Tribunal Constitucional da por bueno parte del recurso presentado por la Coalición Popular sobre la Ley y obliga a su modificación. La ley entra en vigor el 3 de agosto de 1985. Desde el primer día en el que es posible abortar en España, poder ejercer este derecho supone muchas trabas en la sanidad pública.

En las Jornadas Feministas “1975-1985, diez años de movimiento feminista”, celebradas en Barcelona por la Coordinadora feminista estatal, 3.000 mujeres respaldan la iniciativa de las Comisiones Pro-Derecho al Aborto, con la práctica de dos abortos en una de las salas de los Hogares Mundet.

En Madrid, el juez Valle detiene y encarcela al equipo del centro de planificación Duratón y al de la Clínica Dator, la primera en abrirse en España, llevándose las historias clínicas de las pacientes. Inmediatamente, el Gobierno socialista hace público el decreto que establece los requisitos necesarios para la acreditación de las clínicas privadas dedicadas a la práctica médica del aborto. Las organizaciones feministas denuncian que en los centros de la red sanitaria pública no se puede abortar. En diciembre la Coordinadora feminista estatal celebra en Madrid el “Tribunal contra las agresiones al derecho al aborto”; en el encuentro participan unas 3.000 mujeres y se realiza un aborto ilegal para presionar al Gobierno.

En diversas ciudades, se produce un acoso judicial contra las clínicas autorizadas para practicar interrupciones de embarazo: se incautan historias clínicas, se producen detenciones por la práctica de abortos, y se cita a declarar hasta a 300 mujeres.

Y en el mítico año de 1992 el Parlamento Europeo aprueba una resolución solicitando al Gobierno español que cesen las persecuciones, detenciones, juicios, etc., por aborto. El Gobierno socialista presenta un informe sobre la realidad del aborto en el que considera necesaria la reforma de la ley de 1985.

La ley demostraba ser insuficiente para hacer frente a una realidad que sufrían muchas mujeres y el movimiento feminista seguía reclamando la ampliación de este derecho. En 1994 el Gobierno remite al Consejo General del Poder Judicial su Anteproyecto de Ley Orgánica de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el que introduce un cuarto supuesto de despenalización: las causas económico-sociales. Este Anteproyecto no se llevó a las Cortes para su discusión. Se acabó la legislatura sin ningún tipo de modificación de la legislación vigente desde 1985.

Durante los años posteriores, los Gobiernos del Partido Popular no hacen nada ni para derogar ni para cambiar la ley. Habrá que esperar al gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando la ley de Salud Sexual y Reproductiva de diciembre del 2009 fija un plazo de aborto libre hasta la semana 14 de gestación. A partir de ese plazo y hasta la semana 22, la mujer puede abortar si existen malformaciones del feto o si existe un riesgo para la salud de la madre. Tras ese tiempo la interrupción del embarazo solo está permitida si un comité médico atestigua que existe una malformación grave o incompatible con la vida e introduce que, a partir de los 16 años, las menores pueden abortar sin informar a los padres si su situación familiar es problemática.

El Partido Popular lleva esta Ley al Constitucional y en julio del 2010 entra en vigor sin que hasta la fecha se haya pronunciado. A pesar de los ataques y las críticas furibundas, desde que la actual ley está vigente, ha disminuido el número de abortos.

En la actualidad nos encontramos con declaraciones del ministro Ruiz Gallardón afirmando que va a modificar la ley para que se adapte a la defensa del derecho a la vida, según la doctrina definida por el Tribunal Constitucional, o sea una vuelta atrás (en nuestros derechos) que nos haría retroceder 35 años. Pero no vamos a consentirlo, el movimiento feminista tiene que estar unido y luchar abiertamente por nuestro derecho a decidir libremente cuándo queremos ser madres.

Para terminar, me gustaría recordar a tantas y tantas mujeres que durante años han luchado activamente por el derecho al aborto, algunas ya no están con nosotras pero no las olvidamos. Y a las profesionales de las clínicas que durante años han sufrido y sufren las agresiones de los fanáticos que quieren imponernos sus normas y su moral.

Que ni ellos, ni nadie, ni la tutela médica, nos impida decidir sin imposiciones. Que las mujeres puedan ejercer un derecho durante tanto tiempo reclamado y puedan optar por una maternidad libremente decidida.

Muchas gracias.

Lourdes Hernández Osorno, Presidenta del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid.

Feminista militante desde la época franquista ha luchado por los derechos de las mujeres en numerosas organizaciones desde la clandestinidad. Es también Presidenta de la Asociación Grupo de Mujeres de Carabanchel, del Foro de Madrid contra la Violencia a las Mujeres y de la Asociación Mujeres Vecinales de Madrid.