Irma Saucedo, directora de CORPÓREA S.C. de México.

La violencia como forma de control de las poblaciones

La lucha contra la violencia hacia las mujeres en el siglo XX partió de la elaboración de análisis pioneros sobre por qué en el mundo persisten mecanismos de explotación y violencia específicamente diseñados para mantener a las mujeres en un lugar de subordinación. En Latinoamérica, el movimiento feminista empezó a crear servicios para las mujeres víctimas de violencia y a elaborar demandas al Estado que se materializaron en leyes, normas y programas de atención durante la segunda mitad del siglo.

En ese proceso acumulamos conocimientos teóricos y metodológicos y, sobre todo, mostramos que la violencia contra las mujeres es estructurante del orden social y por tanto no podemos hablar de acabar con ella de una vez y para siempre; se requerirá de un proceso de largo alcance para desestructurar los mecanismos que la crean y por supuesto encontraremos resistencia al cambio en todos los ámbitos y niveles del sistema.

El análisis sobre este proceso es complejo si consideramos los grandes avances obtenidos en cuanto a leyes y normativas versus la realidad en el contexto regional y mundial que muestra la brutalidad del proceso globalizador y depredador que se sustenta en la reproducción hasta el infinito de las diferencias, la lucha por los recursos; y por supuesto, la violencia simbólica institucionalizada que coloniza mentes, cuerpos y territorios.

Lecciones aprendidas

Desde mi lectura, el debate y la práctica en este periodo mostró cómo y por qué las feministas habíamos sido en cierto sentido “inocentes” al pensar que la aceptación de leyes, normativas y creación de programas iba a impactar sobre la reproducción de la violencia de género. Lo que no consideramos inicialmente fue que el orden cultural y estructural de género se manifiesta en los servicios del estado de múltiples maneras y que produce la “implosión” de todo proyecto o programa que intente desestructurar este tipo de violencia.

Por otra parte, el acercamiento desde la Salud Pública y el Marco Ecológico permitieron abrir la lente de observación, investigación y conocimiento sobre los efectos del orden de género y el poder en las estructuras del estado y los operadores del sistema. Con el enfoque de salud pública del Marco Ecológico, encontramos que buena parte del problema de resistencia al cambio no radica exclusivamente en la interacción víctima-victimario; el problema radica principalmente en la interacción servidor público-víctima, su mirada y valoración de la problemática y los recursos existentes para apoyar los procesos de las mujeres para protegerse de la violencia y para modificar su condición de vida.

Por tanto, el nuevo fenómeno que exploramos y para el que empezamos a diseñar abordajes fue el manejo de la violencia contra las mujeres en el exosistema; en los servicios del estado en procuración de justicia y salud. En la práctica hemos constatado, una y otra vez, cómo en los servicios de salud la entrevista de una trabajadora social, un médico o un especialista es determinante para identificar y atender un caso de violencia de género; o, por el contrario, para invisibilizar el hecho o culpabilizar a la víctima, acciones que de facto protegen al agresor.

La estructura de poder del sistema de salud afecta de doble manera los intentos de desarticulación de la violencia de género:

  • a través de los mecanismos de poder estructural de las disciplinas de los profesionales;
  • y a través de las subjetividades de los operadores del sistema.

En relación con la primera, en el sistema de salud la jerarquía entre diferentes disciplinas tiende a marginar y menospreciar las disciplinas que mayoritariamente atienden la violencia: psicólogas, trabajadoras sociales, enfermeras, promotoras de la salud, etcétera, quienes, por cierto, son mayoritariamente mujeres. Por el contrario, las estructuras de poder que tienden a menospreciar y minimizar el impacto de la violencia en la salud de las poblaciones son principalmente masculinas y están ocupadas por médicos, psiquiatras, epidemiólogos, etcétera.

Con esta estructuración de jerarquías disciplinarias en el ámbito de la salud, redescubrimos, por así decirlo, que la violencia contra las mujeres sustenta el orden sexista y es la base sobre la cual se sostienen procesos de larga duración como la globalización depredadora que se ve materializada en las subjetividades y actuaciones de las víctimas, victimarios, especialistas, clases políticas y el Estado.

Por ello considero que ningún conocimiento, leyes, normativas, programas o centros de atención serán efectivos si no se trabaja directamente sobre la manera en que los programas se estructuran e impactan dentro de instituciones específicas y sobre las percepciones y subjetividad de los operadores que, a través de sus estereotipos, impiden la atención eficiente y ética. Por ejemplo, los doctores que se autodenominan “objetores de conciencia” para no realizar interrupciones del embarazo a adolescentes aun cuando éstos sean producto de incesto o violación; o los ministerios públicos quienes asumen que hay “muchas” denuncias falsas en los casos de violencia sexual: violación, hostigamiento y abuso sexual dentro de la familia, entre otros, por su desconocimiento de los efectos del trauma en la memoria y el comportamiento de las víctimas.

En síntesis, algunos de los aprendizajes de ese periodo nos llevaron, a las activistas feministas, a identificar dos grandes ámbitos en los que se requiere investigar y diseñar nuevos tipos de abordajes: los contextos institucionales y la subjetividad de las y los operadores de los sistemas del estado. Las intervenciones y abordajes que no consideren los vínculos de poder que reproducen la violencia entre el microsistema y el exosistema corren el riesgo de ser ineficaces o francamente contraproducentes.

La subjetividad y actuación de las y los operadores del sistema de salud representan, por tanto, la liga entre los mandatos simbólicos de un sistema sexista y una institución de disciplinamiento para mantener el orden establecido: en este caso las y los operadores de salud. Desde un punto de vista Foucaultiano, el sistema de salud representa una tecnología de poder que controla y regula los cuerpos a través de una serie de mandatos cuyo objetivo central es construir cuerpos disciplinados (dóciles).

De ahí que muchos espacios de salud, en vez de apoyar el proceso de empoderamiento de las mujeres terminen medicándolas o “tratándolas” para “contener” los síntomas y las enfermedades producto de la violencia. Los profesionales de la salud se construyen a sí mismos como sujetos a través de un discurso de “poder sobre”, la nosología médica; y, como intérpretes de la realidad de los sujetos que llevan sus malestares, síntomas y enfermedades al espacio de salud para ser “gerenciados”. En el sistema de salud los profesionales corporeizan la red poder-saber, reproduciéndola.

Esto es así porque estas instituciones tienen una base que los justifica gracias al poder del saber-conocimiento que otorga el derecho de juzgar a médicos, psicólogos y psiquiatras, quienes tienden a identificar las consecuencias de la violencia como “problemáticas” de salud de las mujeres. Así, el sistema de salud, al no desestructurar las relaciones de poder que reproducen las violencias, termina siendo una correa de reproducción del sistema. Como plantea Foucault (Microfísica del poder, Madrid: Las Ediciones de la Piqueta, 1978).

Decir que todo es político

«Decir que todo es político quiere decir esta omnipresencia de las relaciones de fuerza y su inmanencia en un campo político; pero además es plantearse la tarea hasta ahora esbozada de desembrollar esta madeja indefinida… todos somos responsables de todo, no existe una injusticia en el mundo de la que en el fondo no seamos cómplices… El análisis y la crítica políticos están en gran medida por inventar” (Foucault 1978, p. 159)

 

Irma Saucedo. Directora de CORPÓREA S.C. de México.

Directora de Corpórea, S.C. Investigadora y Docente en los temas cuerpo e identidad, violencia doméstica y salud. Ha sido coordinadora e investigadora docente en diversas instituciones tanto de México como de España. Ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Violencia Doméstica y Salud del Programa Salud Reproductiva y Sociedad del Programa Regional Piloto de Atención a la Violencia Intrafamiliar contra la Mujer-México. Cuenta con más de 80 publicaciones en libros, revistas científicas y de divulgación.

Para mis colegas y amigas que han iluminado mi recorrido con su solidaridad, cariño y reflexión crítica y propositiva: Alicia Gil, Amalia Fischer, Carmen Nava, Carmen Magallón, Guadalupe Huacuz, Ileana Rogel, Lori Heise, Lucía Melgar, Luciana Ramos Lira, Mar Morollón, Roser Vila y Soledad Muruaga.

Agradezco a la Dra. Guadalupe Huacuz por los comentarios a la primera versión de este documento y a Dante Anaya Saucedo por sus comentarios y la edición que ayudó a que mis ideas fueran más claras.

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