Mujeres para la Salud contra el incumplimiento presupuestario para el Pacto de Estado

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Mujeres para la Salud contra el incumplimiento presupuestario para el Pacto de Estado

La reducción en los Presupuestos Generales del Estado de la partida a la violencia de género es inaceptable. Por eso, Mujeres para la Salud nos adherimos a las concentraciones y manifestaciones que convocamos las Feministas contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género exigiendo el respeto al Pacto de Estado.

Seis meses después de que se firmara, el 28 de septiembre de 2017, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aún no se ha puesto en marcha ninguna de sus medidas y continúa sin presupuesto. Es más, si según lo previsto se iban a destinar 200 millones de euros para el 2018, los Presupuestos Generales del Estado presentados por el gobierno del Partido Popular contemplan sólo 80 millones de euros, lo que supone la friolera de un 40% de lo planteado inicialmente.

Aunque parezca una cifra elevada, esos 200 millones de euros no representan más que un 0,04% del Presupuesto del Estado. Mientras, se ha aumentado el presupuesto destinado a Defensa de un país que estamos en paz en 819 millones (lo que supone el 10,7% respecto al año pasado), se siguen financiando rescates de bancos y autopistas…

Consuelo Abril, abogada, presidenta de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres y profesora invitada en el posgrado en los Malestares de Género de nuestra Escuela ESEN, nos explica la situación en este vídeo:

La excusa del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y del Gobierno es que en los Presupuestos Generales del Estado sólo se han incluido los 80 millones con los que financiar los gastos de la administración central (ministerios) y que los 120 millones que faltan los tienen que poner de su bolsillo las distintas comunidades autónomas de los fondos de financiación.

La realidad es que el Pacto de Estado refleja de una manera muy clara que estos 120 millones serían transferidos de los Presupuestos Generales del Estado a las Comunidades Autónomas y los entes locales. Es decir, lo que se pactó fue que esos 200 millones serían financiación directa. Pero ahora, al quedar supeditada a la financiación autonómica y local, no está garantizado que se destinen a combatir la violencia machista.

Así, el punto 206 del Pacto de Estado acuerda que los fondos destinados a financiar las medidas del acuerdo deben ser “finalistas” y acordadas con las Comunidades Autónomas y los entes locales, entidades que deben hacerse cargo de las medidas de acompañamiento destinadas a mejorar la atención jurídica, psicológica y social de proximidad (para lo cual se destinarían 20 millones de euros a los ayuntamientos) y de prevención educativa y sanitaria de la violencia machista (para lo que corresponderían los 100 millones prometidos a las Comunidades Autónomas).

206. Para las nuevas o ampliadas acciones reservadas a la Administración General del Estado dentro de este Pacto, acordamos proponer al Gobierno los dos siguientes compromisos económicos para los próximos cinco ejercicios:

A. El Presupuesto para 2018 de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género tendrá un incremento del 20% respecto al ejercicio 2017. Para los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 ese incremento será de otro 15% anual con relación al ejercicio inmediatamente anterior. La Comisión de seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.

B. Las partidas de los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con las mayores o nuevas medidas de ámbito estatal contra la violencia de género serán incrementadas en 80 millones de euros adicionales al año, durante los próximos cinco años. El grueso de esas partidas afectará a los Ministerios de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero también podrá afectar a otras partidas de otros departamentos. El incremento presupuestarlo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, anteriormente referido, se Incluirá dentro de estos nuevos 80 millones de euros anuales, la Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.

El documento detalla específicamente que su financiación deberá estar reflejada como una partida especial de los Presupuestos Generales del Estado, que “destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios”, según puede leerse en el punto 217 del Pacto, que refleja además que los Presupuestos Generales del Estado “destinarán un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas en este Pacto”.

207. Para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, dentro de este Pacto proponemos al Gobierno los otros dos siguientes compromisos económicos para los próximos cinco ejercicios:

A. Los Presupuestos Generales del Estado destinaran, vía transferencias a los ayuntamientos, un incremento anual de 20 millones de euros durante los próximos cinco ejercicios. El Gobierno de España acordará con la FEMP u otras asociaciones de municipios en el conjunto del Estado, los programas que deberán llevarse a cabo.

La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.

B. Los Presupuestos Generales del Estado destinarán a las Comunidades Autónomas un incremento anual de 100 millones de euros durante los próximos cinco años para el desarrollo o ampliación de las medidas recogidas en este Pacto. El Gobierno de España negociará los criterios de reparto con las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Interterritorial, atendiendo a la población, extensión geográfica, necesidades específicas u otras variables que resulten pactadas.

Los fondos serán destinados a programas de lucha contra la violencia de género, respetando las competencias propias de las Comunidades Autónomas y atendiendo a las prioridades que acuerde el Gobierno de España con cada una de ellas.

No obstante lo anterior, la financiación a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones locales, por parte de la Administración General del Estado, para garantizar la efectividad del conjunto de medidas recogidas en este Pacto, habrá de tener siempre un carácter condicionado.

Por tanto, la asignación financiera específica, del conjunto de las Administraciones Públicas, para la correcta eficacia del cumplimiento de los objetivos finales del Pacto, necesariamente debe ser finalista, siempre con el objetivo de evaluar adecuadamente el Impacto de la Inversión en la lucha contra la violencia de género.

La Comisión de Seguimiento del Pacto asumirá la responsabilidad del seguimiento y control anual del destino de esos recursos, una vez finalizado el presupuesto anual en vigor.

Haz clic aquí para reproducir el vídeo

Haz clic sobre la imagen para ver el vídeo El pasotismo del gobierno para atajar la violencia machista de Público TV.

Por eso, más de 300 plataformas y organizaciones nos hemos sumado a un manifiesto en el que, bajo el título Compromiso = Presupuesto, convocamos a una movilización en todo el territorio español, en un total de 71 ciudades, para exigir que el Gobierno cumpla con su compromiso. Además de este llamamiento estatal, celebraremos también diferentes concentraciones y movilizaciones y no cesaremos hasta conseguir la inclusión inmediata de los 200 millones comprometidos para 2018 y la puesta en marcha de las medidas y reformas acordadas en el Pacto de Estado.

Con el incumplimiento presupuestario del Pacto de Estado, “el gobierno del PP hace gala de un desprecio absoluto a la vida de las mujeres, al trabajo parlamentario y a lo ya aprobado, y demuestra que no tiene ningún interés por que se desarrolle el Pacto de Estado contra la Violencia de Género”, según se puede leer el comunicado del Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid, del que Mujeres para la Salud formamos parte y cuyas palabras suscribimos plenamente. “El gobierno y su ministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, han dejado claro que la lucha contra las violencias machistas no es su prioridad”, añade.

El comunicado de Feministas contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género

A continuación os dejamos el comunicado oficial:

Feministas contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género

El Gobierno incumple el Pacto de Estado contra la violencia machista en el proyecto de presupuestos para 2018

En septiembre de 2017 y tras más de diez meses de negociaciones entre las distintas fuerzas políticas, el gobierno del Partido Popular se comprometió a destinar 1.000 millones de euros a lo largo de cinco años y a cumplir las 213 medidas contenidas en el Pacto de Estado contra la violencia machista. Lo previsto eran 200 millones ya para el 2018, de los que 80 eran para las CCAA y 20 para los ayuntamientos. Los fondos destinados a financiar las medidas del acuerdo debían ser “finalistas” y acordadas con las Comunidades Autónomas y los entes locales.

Sin embargo, las cuentas que ha presentado el Gobierno en el proyecto de presupuestos para 2018 sólo contemplan partidas que suman 80 millones de euros.
Con ello, el gobierno del PP hace gala de un desprecio absoluto al trabajo parlamentario y demuestra que no tiene ningún interés en que se desarrolle el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Aunque las feministas hemos señalado las insuficiencias del Pacto, venimos reclamando la puesta en marcha de las medidas positivas que contiene y los fondos necesarios para ello; y hemos puesto en valor que haber llegado al Pacto también es fruto de las movilizaciones de estos años contra las violencias machistas.

A pesar de las grandes movilizaciones de este 8 de marzo y todas las habidas desde la manifestación estatal del 7N de 2015, el gobierno y su ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, como responsable del ministerio implicado, han dejado claro que la lucha contra las violencias machistas no es su prioridad.

Las casi mil mujeres asesinadas por la violencia machista desde 2003 y los 24 niños y niñas desde 2013 que se contabilizan no han movido a que el gobierno cumpla lo pactado y asuma su responsabilidad para poner los medios contra la violencia de género, demostrando así su falta de sensibilidad con las víctimas y su escaso compromiso con el derecho de las mujeres, la mitad de la población, a una vida libre de violencia machista.

Las feministas contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género denuncian el engaño, burla y tomadura de pelo a las víctimas de violencia machista y a la ciudadanía en su conjunto, que supone la presentación de estos presupuestos.

Frente a esta situación, las Feministas contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género anunciamos que vamos a convocar una serie de movilizaciones para mostrar nuestra indignación y al objeto de conseguir:

  • La inclusión inmediata, en los Presupuestos Generales del Estado, de los 200 millones comprometidos para 2018. La puesta en marcha de las medidas y reformas acordadas en este Pacto no puede esperar más.
  • La dimisión de la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Dolors Montserrat, por:
  1. Su incapacidad de mantener la palabra dada en la sede de la soberanía popular
  2. No haber defendido la financiación del Pacto, permitiendo así su incumplimiento
  3. Su falta de sensibilidad con las víctimas de violencia de género

Hacemos un llamamiento a la ciudadanía a apoyar las movilizaciones organizadas y a participar en la primera de ellas para recordar a las mujeres asesinadas y reclamar que se pongan los fondos acordados para luchar contra la violencia de género.

MANIFESTACIÓN 16M EN MADRID

DÍA 16 DE MAYO A LAS 19:00

Desde el Ministerio de Sanidad al Congreso de Diputados/as

Por el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres

Contra la violencia de género. Compromiso = Presupuesto

Las manifestaciones en otras ciudades

Si no estás en Madrid, puedes consultar los datos de las manifestaciones convocadas en las otras 70 ciudades en este mapa:

¿Qué es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género?

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un acuerdo consensuado por los representantes de la ciudadanía en el Parlamento en cuya creación intervinieron personas expertas, asociaciones e instituciones que aportaron sus conocimientos y sugerencias con el objetivo de avanzar en la lucha por la erradicación de la violencia de género.

El Pacto de Estado contempla diez ejes principales para la erradicación de la violencia machista, como son la sensibilización y prevención, la mejora de la respuesta institucional, el perfeccionamiento de la asistencia y la protección de las víctimas, la protección de las y los menores, el impulso a la formación de diferentes agentes y profesionales implicadas/os, la necesidad de mejora y conocimiento, la inclusión de recomendaciones a las administraciones públicas e instituciones, la inclusión de otras formas de violencia en la definición de la violencia de género, como la violencia sexual, económica, etcétera, el compromiso económico y la creación de comisiones dedicadas al seguimiento del pacto.

Si estás interesada/o en el texto íntegro del Pacto de Estado contra la violencia de género, puedes descargarlo en su versión PDF haciendo clic en el siguiente botón:

Haz clic aquí para descargar el documento del Pacto de Estado

La nota de prensa de Acción Feminista 16M

Si todavía quieres más información sobre el tema y saber por qué las asociaciones y organizaciones feministas de toda España hemos convocado esta movilización estatal contra el cumplimiento en los Presupuestos Generales del Estado de los 200 millones pactados contra la violencia de género, puedes hacerlo en la nota de prensa que hemos elaborado desde Acción Feminista.

Cerca de 300 organizaciones feministas convocan el 16 de mayo manifestaciones en 40 ciudades. Bajo el lema “Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue, Nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!” exigen que los Presupuestos de Estado para 2018 que debate el Congreso, cumplan el aumento de 200 millones de euros anuales (el 0,04% del Presupuesto del Estado) acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, como mínimo para avanzar aplicando las 214 medidas aprobadas tras un año de debates, que sin presupuesto quedan en papel mojado.

Las organizaciones convocantes protestan por el incumplimiento en el Proyecto presupuestario del Gobierno, frente a los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, que han dejado 169 huérfanos menores de edad, y a la Huelga Feminista histórica este 8 de marzo, ante la que el Presidente Rajoy se puso el lazo morado, y preguntan ¿a costa de cuántas vidas de mujeres, niñas y niños se han hecho propaganda y publicado falsas promesas de mejora el Presidente y la Ministra “de igualdad” Dolors Montserrat?

No es que no haya dinero, es que las prioridades del Gobierno son otras, como aumentar el presupuesto de Defensa en 819 millones (10,7% más que en 2017) o seguir financiando rescates de bancos y autopistas, no la dignidad de las vidas del 51% de la población.

Mientras la Medida 207 del Pacto dice que los Presupuestos Generales del Estado destinarán, vía transferencias a los ayuntamientos un incremento anual de 20 millones de euros y 100 más a las Comunidades Autónomas, específicamente para medidas de Violencia de Género, el Proyecto de PGE 2018 presentado ‘ordena’ (sin tener competencia para ello) a los 8.000 ayuntamientos y las 17 CCAA que los saquen de su sistema general de financiación. Este recorte del 60% del presupuesto pactado afecta a la prevención en centros educativos y de salud, de competencia autonómica, y a la atención primaria o de proximidad a las mujeres y sus hijas e hijos, atribuida por el artículo 19 de la Ley O. 1/2004 a entidades locales y comunidades autónomas. Aborta, además, la aplicación del Convenio de Estambul, de cuya aplicación debe informar este año España al Consejo de Europa, que exige reforzar la atención social y policial sin supeditarla a la presentación de denuncia judicial, y extender la prevención y la protección a la violencia fuera de la pareja.

Incluso los 80 millones de aumento en la Administración central para ‘mayores o nuevas medidas de ámbito estatal contra la violencia de género’ no son reales, porque su anuncio en la Presentación o Libro Amarillo del Presupuesto no se corresponde con las cuantías reflejadas en los Programas de Gasto reales o no está especificada en partidas destinadas específicamente a actuaciones contra la Violencia de Género.

Los 100 millones negados a las Comunidades Autónomas, afectan a 47 de las 214 medidas del Pacto.

En Educación, imposibilitan la prevención, detección precoz y atención a casi 10 millones de estudiantes (8,13 millones en Infantil, Primaria, Secundaria, y 1,5 Universidades), específicos para las diferentes violencias sexuales, con profesorado con formación y dedicación e informes de seguimiento del Consejo Escolar, la Inspección y las Unidades de Igualdad, así como desincentivar la demanda de prostitución en jóvenes.

En Sanidad no se aplicarán las medidas para Centros de Salud y hospitales y su coordinación con los servicios de atención jurídica, psicológica y social, policía y Juzgado de VG en la Unidad de Apoyo Local, el plan de atención psicológica e integral a los hijos/as de víctimas mortales y la atención a víctimas de trata sin papeles.

En los servicios sociales, jurídicos y psicológicos de proximidad, sin dinero no de pondrá en marcha un nuevo sistema -compartido por Comunidades Autónomas y Entidades Locales- de acreditación de la condición de víctima de violencia de género, a efectos de protección socioeconómica y de seguridad, incluyendo las zonas rurales; la atención a huérfanos de víctimas, Puntos de Encuentro Familiar, atención a la violencia sexual y a mujeres que ejercen la prostitución y aplicar las nuevas medidas para mujeres mayores, transexuales o transgénero, Asistencia Personal a mujeres con diversidad funcional/discapacidad y migrantes sin papeles.

Los 20 millones de euros negados a los ayuntamientos afectan a 12 medidas del Pacto

En primer lugar a la medida 61, para la restitución a los ayuntamientos de la competencia en igualdad y violencia de género, máxime cuando el Gobierno tampoco ha presentado el Proyecto de Ley para modificar la Ley 27/2013 que se la quitó, permitirles la contratación de personal para ello y garantizar en todo el territorio servicios profesionales, estables y de proximidad, de atención jurídica, psicológica y social de calidad a todas las mujeres víctimas y a los menores bajo su patria potestad o custodia, tanto si viven en una comunidad u otra, o en un municipio urbano o rural, peninsular o insular. Sobre ellos han de crearse Unidades de Apoyo Local integradas por dicho personal, la policía o Guardia Civil y el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de su ámbito, con independencia de la interposición de la denuncia, para el seguimiento social y de seguridad individualizado. Actualmente el Ministerio del Interior está transfiriendo, a coste 0, la protección de las víctimas a la Policía Local.

Frente a la violencia sexual, muchos Ayuntamientos -sin competencias por la Reforma del Régimen Local en 2013 y aplastados por el Techo de Gasto- están respondiendo, sobre todo tras la movilización feminista y social de los sanfermines de 2016 y de la sentencia de abril de 2018, frente a la inhibición del Estado central. La polémica sentencia 18/2018 de la Audiencia Provincial de Pamplona, entre otras cosas, minusvalora los servicios sociales y de la policía municipal (que estuvo toda la noche visionando vídeos para identificar a los violadores y los detuvo 8 horas después de la violación) y foral y la asistencia psicológica a la víctima en el CIMASCAM de la Comunidad de Madrid.

Hay 1.447.687 mujeres, el 7,2% de la población femenina mayor de 16 años en España, que han sufrido alguna vez violencia sexual fuera de la pareja (Macroencuesta 2015). De ellas 120.641 en el último año: 48.256 por violación, de las que sólo se denuncian 1.300 anuales, el 4%, y 72.384 otras agresiones sexuales. Hay una mala respuesta judicial, no hay educación sexual, ni prevención y atención que contrarresten el aumento de prácticas machistas y violentas.

Pero incluso el incremento de 80 millones en la Administración Central, el 40% restante del Pacto, es incierto.

El cuadro de la pág. 212 de la introducción/Libro Amarillo no tiene correspondencia con el Presupuesto en sí.

Más de la mitad, 43 millones, se asignan al Ministerio del Interior. 38,1 millones para “Aumento del número de horas y de efectivos que atienden a las víctimas” supondría crear 1.195 plazas dedicadas exclusivamente a VG, que es casi DUPLICAR en lo que queda de año los 1.322 policías en las Unidades de Familia y Mujer, un 15% menos que en 2012, atendiendo cada policía una media de 51 mujeres. ¿Es creíble?

En el Ministerio de Justicia se habla de aumentar 13,6 millones, en 4 apartados de los que ninguno tiene partida ni objetivos específicos de VG cuantificados (Juzgados de Violencia, Asistencia jurídica gratuita, Unidades de Valoración Forense Integral, Oficinas de Asistencia a las Víctimas, Fiscalías especializadas, Convenio con Colegios Psicólog@s para asistencia a las víctimas y perit@s en VG y Trata).

En el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hay 12,3 Millones. 7,4 M para Renta Activa de Inserción (537,84 euros/mes a 1.536 mujeres) no están desglosados dentro de la partida 48801 del Programa 251M (979,88 millones para 203.456 personas). Los 4,9 M para Pensión no contributiva de orfandad de la Seguridad Social están bien, pero para realizarla es necesaria una ley aún no aprobada.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: No Aumenta 9,2 Millones, sino 7,8 más que en 2017 (de 31,7 a 39,5) para la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. El Instituto de la Mujer, queda en 19.838.990 euros, un 0,49% más que en 2017, mientras la subida general del PGE es del 3%.

Por último, los 2 millones del Ministerio de Hacienda y Función Pública no suponen incremento de las Ayudas de la Ley 35/1995 de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

Ver convocantes en https://plataforma7n.wordpress.com/2018/04/18/firmas-manifiesto-

7 de mayo de 2018

Y a ti, ¿qué te parece que el Gobierno no dedique en los Presupuestos Generales del Estado la partida comprometida?, ¿qué opinas del Pacto de Estado? Nos encantaría conocer tu opinión. Puedes escribirla más abajo, en la sección “Comentarios” ¡y haz de este tu espacio de reflexión!

2018-05-14T13:13:01+00:00

2 Comments

  1. nenascam 16 mayo, 2018 en 3:54 pm - Responder

    Espero que los políticos comiencen a tomarse en serio este tema. Es una autétnica lacra para la sociedad de hoy en día, así que no estaría de más que se le diera el peso que tienen y busquen soluciones oportunas para que ningún sector quede afectado negativamente. Buen artículo. Besitos

    • Mujeres para la Salud 21 mayo, 2018 en 3:55 pm - Responder

      Gracias por tu comentario. No podemos estar más de acuerdo. Soluciones oportunas, razonables, a la altura y justas YA.

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