La AMS se adhiere a una petición para que el Parlamento tome medidas legislativas contra este delito.

Es preocupante la presencia constante y recurrente de personas anti-elección (los mal llamados pro-vida) en las clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con el fin de disuadir a las mujeres y hostigar a los/as profesionales. Más de 8000 mujeres son víctimas del acoso por parte de estas personas, que llevan a cabo más de cien acciones de hostigamiento al año frente a estos centros sanitarios.

Un acoso que no hace sino machacar a las mujeres que acuden a estos centros, puesto que se realiza ante mujeres vulnerables en una difícil situación psicológica y personal, a quien se las expone a un hostigamiento público delante de otras personas, peatones que atestiguan los hechos, y en un momento en el que va a entrar en la clínica de IVE.

Por eso, la Asociación Mujeres para la Salud nos adherimos, junto a otras muchas organizaciones y entidades (más de 25), a una petición a las fuerzas parlamentarias para que tomen conciencia de la gravedad de la situación y legislen para impedir que el acoso y el hostigamiento sea penado. Si todo sale según lo previsto, el día 12 de diciembre registraremos en el Congreso una iniciativa social que inste a las fuerzas políticas a promover una legislación concreta para poner fin a esta situación de violencia.

Según esta petición, instamos a los partidos políticos a que promuevan una iniciativa legislativa que tipifique como delictivas aquellas conductas que obstaculicen, impidan, restrinjan, limiten o entorpezcan el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos previstos en la ley que regula el derecho de las mujeres a interrumpir libre y voluntariamente su gestación en las primeras 14 semanas y que busca también proporcionar una seguridad jurídica, tanto a las mujeres como a los/as profesionales, y frenar el acoso por parte de quienes se oponen al aborto.

Para esta iniciativa legislativa, las organizaciones que nos adherimos a la petición, proponemos como modelo algunas normativas y leyes del contexto europeo, en especial la francesa Loi no 2017-347 du 20 mars 2017, que tipifica el delito de obstrucción a la interrupción voluntaria del embarazo con penas de prisión de hasta dos años y multas que oscilan entre los 2.000 y los 30.000 euros. Esta ley entiende que la obstrucción a la interrupción voluntaria del embarazo se realiza tanto físicamente en el entorno de la clínica y espacios que llevan a cabo las IVE como a través de medios virtuales, y considera delito las agresiones físicas, pero también la presión moral, psicológica, la intimidación o las amenazas que pongan en riesgo al personal sanitario, a las mujeres y su derecho a obtener información veraz sobre el aborto y llevar a término su embarazo si así lo desean.

A continuación, os dejamos una copia del texto que presentaremos ante el Congreso:

 

INICIATIVA SOCIAL FRENTE AL HOSTIGAMIENTO ANTI DERECHOS EN LOS CENTROS SANITARIOS DE IVE.

MÁS DE 8000 MUJERES VÍCTIMAS DEL ACOSO ANTI ELECCIÓN

MÁS DE 100 ACCIONES DE HOSTIGAMIENTO AL AÑO FRENTE A LOS CENTROS SANITARIOS DE IVE.

El acoso a los centros de IVE ha sido una constante en España desde la aprobación de la primera Ley de Aborto en 1985. De hecho, fue en gran medida la situación de acoso a mujeres y profesionales, lo que llevó a las fuerzas progresistas, profesionales de IVE, organizaciones sociales, sindicales y plataformas feministas españolas a intervenir pública y políticamente para procurar un cambio legislativo.

La Ley de 2010, que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente su gestación en las primeras 14 semanas, busca también proporcionar una seguridad jurídica tanto a la mujer como a los/as profesiones, e intenta frenar el acoso anti derechos. Sin embargo, si bien la Ley ha reconocido el derecho y la práctica sanitaria; el hostigamiento hacia mujeres y profesionales no ha cesado, sino que se ha transformado adoptando nuevas formas que buscan incidir en otros aspectos de orden administrativo, formal o médico; sin marginar su presencia física en los centros.

Es precisamente la presencia recurrente de estos grupos en las puertas de las clínicas de IVE con el objetivo de disuadir a las mujeres y hostigar a los/as profesionales; lo que nos lleva a pedir a las fuerzas parlamentarias que tomen conciencia de la gravedad de la situación y legislen para impedir que el acoso y el hostigamiento sea el indeseado compañero del ejercicio legítimo de un derecho de la mujer: interrumpir su gestación.

En estos momentos podemos afirmar que la impunidad, la falta de consecuencias que tienen las acciones de hostigamiento, “anima” a estos grupos a intensificar su presión no sólo sobre las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción de embarazo, sino también sobre los/as profesionales que trabajan en las mismas. Así, desde que se aprobase la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción de embarazo, hasta la fecha, podemos afirmar que más de ocho mil mujeres se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas, amenazadas…de algún modo. De hecho, un cálculo conservador nos llevaría a considerar que los centros sanitarios en los que las mujeres interrumpen mayoritariamente su gestación, sufren en su conjunto unas cien acciones de acoso y hostigamiento al año. Acciones que se realizan con total impunidad, ocupando espacios públicos y con la connivencia de algunas administraciones.

Amparándose en la libertad de manifestación, reunión y expresión, los grupos anti derechos están organizando de forma recurrente “puestas en escena” en la vía pública, junto a los accesos a las clínicas de IVE. Durante estas actuaciones, difunden información falsa en los casos menos agresivos, en otros, insultan, coaccionan y tratan de impedir el acceso a las clínicas de las mujeres interponiéndose entre ellas y las puertas de entrada. Estas y otras conductas similares suponen la comisión de más de un ilícito penal, pero además están suponiendo una violación permanente de los derechos de la mujer a la intimidad, a la integridad física y moral, a la salud, además de vulneraciones de derechos de los trabajadores y trabajadoras que prestan en estos centros sus servicios.

Somos conscientes de que estos grupos que actúan en los entornos de las clínicas utilizan el sistema de garantía de derechos y libertades propios de un Estado democrático, en algunas ocasiones rozando los límites del delito, y en las más traspasándolo, pero dada la necesidad legal de denuncia previa de la víctima para poder poner en marcha el procedimiento penal, sus delitos quedan impunes porque no se puede pedir que las mujeres que acuden a las clínicas que además de ser las víctimas de estos delitos tengan que convertirse en promotoras y actoras de la acción penal.

Es importante que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuenten con una legislación que les facilite la intervención para impedir que se obstaculice la libertad de las mujeres y el trabajo de los y las trabajadoras sanitarias, coaccionándolas o instigándolas en la entrada de las clínicas o de cualquier forma. Y resulta realmente importante contar con los medios legales para poner fin a los cientos de conductas punibles que están quedando impunes ante el silencio e insensibilidad de muchos/as y la impotencia de otros/as.

Conductas de las que sólo son víctimas las mujeres, llevándonos a pensar que es esa circunstancia la que determina que aún no se haya abordado el problema con seriedad, a pesar del número creciente de afectadas. Situaciones como las descritas se sufrieron en diferentes países de nuestro entorno, con la salvedad de que la existencia de un mayor sentimiento democrático y una mayor sensibilidad de género, empujó a la toma de medidas legislativas que puso fin a los acosos anti elección.

Estas acciones impiden a los/as profesionales proporcionar a las mujeres una prestación sanitaria en las mejores condiciones posibles, ya que está constatado científicamente que el nivel de estrés y ansiedad de las mujeres que tienen que atravesar los “pasillos de los anti derechos” en las puertas de los centros es muy superior a las que no tienen que soportar esta situación.

Por todo ello, las organizaciones que suscribimos esta petición consideramos que no se puede seguir consintiendo por más tiempo la injustificada impunidad de unas conductas que además de delictivas, suponen en forma clara y evidente la vulneración de los derechos y libertades de las mujeres que acuden a las clínicas de IVE y de los/as profesionales.

 

Y estas son las organizaciones que, por el momento, se han adherido a la iniciativa:

  • Madrid Laica/Europa Laica
  • Católicas por el Derecho a Decidir
  • Médicos del Mundo
  • CCOO
  • UGT
  • Mujeres Progresistas
  • Enclave Feminista
  • DMD
  • Themis
  • FPFE
  • APFCiB + L’Observatori Drets Sexuals i Reproductius
  • ADIPM. Asociación para la Defensa de la Imagen Pública de las Mujeres
  • Clínica Dator
  • ACAI
  • FADEMUR (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales)
  • Asociación Derecho y Democracia
  • La Asociación Feminista de Asturias “Clara Campoamor”
  • Espacio Experimental de Mujeres Asturias
  • Fundación Mujeres
  • Mujeres para la Salud
  • Les Comadres
  • PRODIVERSA – Progreso y Diversidad Málaga
  • SUATEA | Sindicatu Unitariu Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d’Asturies
  • IU de Asturias
  • Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid