Nos jugamos mucho. El avance de los fundamentalismos, la crispación política reinante, el riesgo de regresión en los derechos alcanzados… son las notas que reinan ante estas elecciones del 28 de abril. Los derechos e intereses de las mujeres están en claro riesgo. Y existe una clara, clarísima, posibilidad de que esos partidos que llevan el neomachismo por bandera lleguen al gobierno. Por eso, Mujeres para la Salud no podemos quedarnos cruzadas de brazos y nos sumamos a otras 137 asociaciones de todo el territorio español para proponer a la ciudadanía y a las candidaturas que se presentan a las elecciones legislativas un manifiesto que realmente vele por los intereses de quienes somos más del 50% de la población.

El manifiesto feminista ante las elecciones legislativas del 28 de abril de 2019 está articulado en diez puntos:

  1. La lucha contra la violencia de género, con el compromiso de adoptar medidas como la aplicación del Convenio de Estambul, el trato como violencia de género de las agresiones sexuales, la protección integral de las mujeres y sus hijas e hijos víctimas de violencia de género, la cooperación internacional para la erradicación y la protección en materia de violencia de género, el reconocimiento de violencia psicológica, una atención jurídica, psicológica y social de calidad, la prohibición de la custodia compartida impuesta, la penalización del falso Síndrome de Alienación Parental, la apuesta por una formación en igualdad y violencia de género trasversal para las y los profesionales… entre otras.
  2. El cese de la discriminación de las mujeres en el empleo con la creación de más empleos de calidad y la reversión de los recortes de los últimos años, que no hacen sino aumentar la desigualdad.
  3. La cobertura suficiente (universal, gratuita y pública) de la educación infantil de 0 a 3 años y la atención por dependencia, con medidas como la definitiva implantación de los permisos iguales, intransferibles y pagados al 100% por nacimiento o adopción, o la financiación adecuada para la atención a personas en situación de dependencia.
  4. El fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, tales como el Ministerio de Igualdad, el Instituto de la Mujer y la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, así como la aprobación en cada legislatura del Plan de Igualdad y la participación de las organizaciones de mujeres y feministas.
  5. Aprobación de una ley integral contra la explotación sexual de mujeres en situación de prostitución y trata, que consideramos formas extremas de violencia sexual contra las mujeres y como tal deben ser consideradas, que esté en línea con la desarrollada en otros países como Suecia, Noruega, Islandia, República de Irlanda del Norte y Francia.
  6. La integración de la perspectiva de género en todas las políticas sanitarias, considerando que la desigualdad de género es un determinante de la salud. En este sentido, manifestamos, entre otras medidas, la necesidad de la eliminación del copago, la derogación de la Ley Orgánica 11/2015 que priva a las mujeres de 16 y 17 años de autonomía para el aborto, así como la atención a la interrupción voluntaria del embarazo en centros sanitarios públicos. Consideramos también fundamental prevenir y atender el impacto en la salud física y psicológica de condiciones como estar a cargo de personas dependientes, la contaminación ambiental, haber sufrido violencia de género o sexual, la discriminación o el abuso y uso de la cirugía estética al servicio de la belleza patriarcal. Además, es clave erradicar la violencia obstétrica, prohibir rotundamente los vientres de alquiler y la formación e investigación en salud con perspectiva de género y obligatoria en prevención y atención a la violencia de género.
  7. Apostar por el ecofeminismo en la producción y el consumo. En este sentido exigimos la economía feminista para situar el cuidado de las personas en el centro, la implantación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para reducir las emisiones, una Ley de Economía Circular que implante el Residuo Cero (de forma que ningún material se pierda en el proceso de la fabricación al consumo), la garantización del derecho humano al agua, la soberanía alimentaria y el acceso igualitario de las mujeres del mundo rural a los recursos materiales.
  8. En cuanto a la vivienda, consideramos fundamental devolverla su función social frente a la especulación, con la implantación de una nueva Ley Estatal de Vivienda que garantice esta función en todo el territorio, la creación de un índice oficial de precios e instrumentos para limitar los precios del alquiler, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para paralizar el desahucio hasta que haya una alternativa habitacional, entre otras medidas.
  9. El punto 9 se refiere a las fronteras, las migraciones, el refugio y la ciudadanía, o la necesidad de que la igualdad y los derechos humanos sean para todas y no como privilegios por origen, etnia, clase, u otras condiciones.
  10. Finalmente, consideramos clave la educación para la igualdad en las escuelas, como espacios sociales y socializadores que son, con su consecuente capacidad y responsabilidad de procurar que todo el alumnado y el profesorado se equipe de estrategias para la resolución de conflictos en los que las agresiones no sean nunca la respuesta adecuada. En este sentido, creemos necesaria una perspectiva integral de prevención de la violencia basada en la construcción de la igualdad y el respeto a los derechos humanos, dentro de la cual enseñar a rechazar el sexismo y el acoso.

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