A siete años de la Ley Integral contra la Violencia de Género: Obstáculos al acceso y obtención de justicia y protección.

El pasado Noviembre, Amnistía Internacional denunciaba en su Informe ¿Qué Justicia Especializada? las trabas que encuentran en los juzgados las mujeres víctimas de violencia de género que deciden denunciar.

Más de siete años después de la Ley contra la violencia de género, Amnistía Internacional denuncia que las mujeres siguen encontrado graves obstáculos en el acceso y en la obtención de justicia y protección. El número de sobreseimientos de los casos es muy elevado, 48.000 sólo en 2011, y el de denuncias sigue reduciéndose ante la falta de confianza de las mujeres víctimas de violencia de género en la justicia.

Amnistía Internacional destaca que no todas las mujeres son informadas adecuadamente sobre sus derechos, la falta de diligencia en la investigación judicial, la contradenuncia como estrategia de impunidad o el déficit en la disponibilidad y la calidad de la asistencia letrada.

La organización también señala la existencia de prejuicios y trato irrespetuoso en la obtención del testimonio de las víctimas y ha podido contrastar que en casos de violencia psicológica y/o sexual o de violencia habitual, sin lesiones físicas recientes, existen aún mayores dificultades para que las denuncias de las víctimas prosperen.

Como consecuencia de estos obstáculos, el impacto negativo en el proceso de recuperación de las mujeres es mayor, así como la pérdida de confianza en la justicia y la búsqueda de protección al margen del sistema judicial. Además, con los sobreseimientos y la absolución de los agresores, éstos se sienten más legitimados. Así mismo, la falta de evaluación de los Juzgados de Violencia consolida las malas prácticas profesiones.

Amnistía Internacional insta al Estado español a llevar a cabo un estudio en profundidad sobre la garantía de los derechos de las víctimas ante la justicia, asegurar la especialización de los órganos judiciales encargados de violencia de género y garantizar la disponibilidad y calidad de la asistencia letrada a las víctimas, entre otros asuntos.

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