Soledad Muruaga en la aprobación del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia

• El nuevo documento contiene 462 medidas que actualizan el contenido del primer acuerdo, del 2017
• Entre las novedades, se definen la violencia económica y la vicaria como formas de violencia de género

Con este acuerdo, quieren reformar la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para incluir como víctimas de violencia de este tipo a aquellos menores que sufren violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión de los regímenes de visitas. Desde Igualdad, piden promover, en el marco de sus competencias, las medidas que tiendan a garantizar una «formación especializada, inicial y continua» en materia de violencia vicaria para todos los profesionales que tengan un contacto habitual con los niños y adolescentes víctimas.

También solicitan facilitar la denuncia en sede policial a los menores, «adaptándolo a sus circunstancias, incluyendo los espacios físicos y las dependencias donde se recogen sus testimonios, las personas que les atienden y la metodología que se aplica para realizar el trámite testifical». De este modo, demandan garantizar la especialización del personal que les atiende en este primer momento.

Asimismo, reclaman reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho como forma de violencia de género. Para ello piden que se entienda como «acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores».