Por una Ley Integral de Violencia de Género

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Por una Ley Integral de Violencia de Género

El Gobierno ha abordado varias reformas parciales del Código Penal, Ley de Enjuiciamiento Criminal y Código Civil que incluye cambios del llamado Plan Integral contra la violencia doméstica. Después de haber rechazado el PP la Ley Integral sobre la Violencia de Género, -que eliminaba la excesiva fragmentación entre los aspectos policiales, civiles y penales en su tratamiento-, presentada por el PSOE con las aportaciones de las asociaciones de mujeres y apoyado por todos los partidos de la oposición, el gobierno prefiere volver a emprender la realización de un nuevo Plan (después de que el primero fuera un auténtico fracaso).

La violencia de género no existe como tal en este 2º Plan

El primer motivo para rechazar este plan de reformas es que en ellas no se cumple el objetivo básico de reconocer abiertamente la existencia de la violencia de género, hecho yareconocido por las Naciones Unidas y diversas instituciones europeas. Pensamos que es básico reconocer la existencia de una violencia específica contra las mujeres, enraizada en la educación de la familia tradicional, para poder combatirla eficazmente. Es más, en estas reformas, se trata de
enmascarar la violencia de género utilizando eufemismos para eludir el reconocimiento explícito y esto impide la auténtica solución del problema, tal y como reconoce un informe del Comité Plenario de Naciones Unidas en 2000: “El hecho de que no se comprenda
suficientemente las causas profundas de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas obstaculiza las actividades que se realizan para eliminar dicha violencia”. Sólo ante la presión generada por la opinión pública, que denuncia la falta de apoyo institucional a las víctimas, el PP acepta la propuesta de la oposición de crear una comisión de estudio, llegando a un acuerdo de mínimos para aprobar una nueva Orden de Protección de Víctimas de Violencia Doméstica, que ha entrado en vigor el pasado mes de agosto. Las Asociaciones de Mujeres tenemos muchas reservas en cuanto a la efectividad de su aplicación si no se acompaña de los grandes medios presupuestarios y humanos que requiere.

Así funciona la orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica:

1. ¿Quién la pide?

  • La víctima o el ministerio fiscal.
  • El propio juez o jueza también puede
  • decidirla de oficio.
  • Las entidades u organismos asistenciales
    que tuvieran conoci-miento de situaciones de violencia doméstica deberán ponerla en conocimiento inmediato del juez de guardia o el fiscal.

2. ¿Dónde se solicita?

  • Ante el juez /a.
  • El ministerio fiscal.
  • Las fuerzas de seguridad.
  • Las oficinas de atención a las víctimas.
  • Los servicios sociales e instituciones asistenciales dependientes de las administraciones públicas.

3. ¿Quién la dicta?

  • El juez de instrucción de guardia, en un plazo máximo de 72 horas y después de escuchar a las dos partes por separado.

En aquellos casos en los que existen indicios fundados de un delito o falta contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de las víctimas de la violencia doméstica. Se entiende por tales a las personas que hayan sufrido violencia física o psíquica por parte de su cónyuge, excónyuge, persona con análoga relación de afectividad, hijos o padres.

4. ¿Qué protección establece?

A. Medidas penales como el alejamiento del agresor o la prisión provisional.
Entrará en vigor cuando se decida sobre lo ocurrido en un juicio rápido, que debe realizarse en un plazo de 15 días.

B. Medidas civiles cautelares, como la atribución del uso de domicilio familiar y la custodia de l@s hij@s a la víctima y el establecimiento de una pensión a su favor. Al cabo de un mes desde la presentación de la demanda de separación o divorcio, el juez o jueza civil tiene 30 días para decidir si mantiene o no vigentes esas medidas.

Ayuda económica. Subsidio de 300 euros mensuales durante 10 meses para las víctimas sin ingresos.

Reflexiones críticas de las asociaciones de mujeres:

De momento, sabemos que aunque los/as jueces/zas dicten medidas de alejamiento a los maltratadores, su incumplimiento dejará indefensas a las víctimas, ya que no es posible la prisión de estos agresores hasta que no se modifique el Código Penal actual.
Tampoco vemos claro de dónde saldrá el presupuesto para ofrecer los 300 euros mensuales a las agredidas que no tengan recursos económicos o cómo les van a garantizar el derecho a una casa de acogida a quienes la necesiten, conociendo como conocemos la escasez y la falta de calidad de las existentes actualmente.

Y, especialmente, nos preguntamos ¿cómo se va a cambiar la mentalidad de los/as jueces/zas que aplicarán estas medidas?

Este último aspecto, que nos parece muy preocupante, ha sido denunciado recientemente en un informe realizado por la Federación de Mujeres Progresistas. En este informe anual analizan 95 sentencias judiciales que consideran blandas y vergonzosas.

Ante tantos desatinos e injusticias que se cometen en numerosas sentencias por la violencia de género, se están estudiando fórmulas para la posible recusación de esos/as jueces/zas, porque con su actitud y su trabajo se convierten en cómplices de una situación generalizada de violencia hacia las mujeres y de impunidad para los maltratadores.

De pena a delito:

Otra novedad consiste en que se considera delito toda agresión que se produzca en el ámbito familiar. Al tratarse como delito, los jueces podrán aplicar el agravante de reincidencia y elevar la pena al agresor. Pero, también da a los jueces la posibilidad de elegir entre pena de prisión y pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Y la experiencia nos enseña que en la gran mayoría de los casos los jueces optarán por la pena de trabajos comunitarios aunque éstos en realidad no puedan cumplirse por falta de infraestructuras para ello, quedandoasí impune el delito y la víctima totalmente desprotegida.

Según publicó el periódico El País el 28 de abril de 2003, de las 5.136 demandas presentadas en Madrid en 2002, sólo fueron consideradas como delito 999, el resto fue juzgado como falta.

También se publicó en dicho periódico el pasado 9 de septiembre que la policía sólo ha tramitado como juicios rápidos el 8 % de los casos posibles y que el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Madrid alerta del colapso judicial que se avecina con la nueva orden de protección inmediata contra la víctima de violencia doméstica.

Nuestras peticiones:

 Los planes nacionales de acción contra la violencia doméstica contemplan muchas medidas legislativas y recomendaciones urgentes que deberían ser integradas en una sola ley de violencia de género, porque ello facilitaría la coordinación de todas las instituciones con competencias en la erradicación de la violencia.

 Mientras estas reformas sólo sean “recomendaciones no vinculantes” y no tengan carácter imperativo, sólo quedarán como una mera declaración de buenas intenciones.

 Defensa legal unificada: Actualmente la defensa legal gratuita no abarca todas las causas penales, ya que en los juicios de faltas no se aplica el turno de oficio y además, la víctima se ve obligada a tener dos distintos abogados, uno para el juicio penal y otro para los procesos civiles de separación y divorcio.

 Mantener secretos los datos de la víctima durante los procesos judiciales. Ésto ya existe en los casos en que la mujer se refugia en casas de acogida y también debería de existir cuando la víctima se haya refugiado en un domicilio diferente del suyo habitual por temor a nuevas agresiones.

 Recursos económicos para las víctimas: es necesario crear un Fondo de Garantía de Pensiones para que la Administración adelante las pensiones alimenticias del cónyuge e hijos cuando éstos queden en situación de desamparo económico y luego las recupere de aquel que esté obligado a pagarlas.

 Control y cumplimiento de las medidas de protección.

 La creación de fiscalías especiales contra violencia doméstica.

 En los delitos relacionados con el maltrato o los crímenes graves hacia mujeres, las asociaciones, los ayuntamientos o los colectivos interesados deberían poder llevar al acusado a juicio, sin tener que pagar una elevada fianza que priva a muchas asociaciones y ONG del derecho de poder ejercer la acción popular.

 Evaluación de daños psíquicos: Es necesario que los médicos forenses evalúen los daños producidos por la violencia psíquica, ya que sin una adecuada evaluación de los daños es casi imposible un adecuado tratamiento penal. Las asociaciones de mujeres proponemos que se creen servicios de evaluación del daño producido por medio psíquico, que sean adscritos a los servicios regionales de salud o en coordinación con psicólogas/os especialistas. Ésto es fundamental para obtener informes periciales que detallen la causa de los daños psíquicos, su tiempo de curación y sus secuelas como pruebas para los juicios.

La Asociación de Mujeres para la Salud (AMS) está comprometida en la lucha por la erradicación de la VIOLENCIA DE GÉNERO contra las mujeres, por ello formamos parte de dos de las organizaciones feministas de nuestro país que más se distinguen por trabajar para defender este objetivo:

2012-05-08T11:58:31+00:00